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Guinea Ecuatorial está en proceso de aprobación de un decreto cuyo principal objetivo es proteger a los menores.
En este contexto, ha tenido lugar ayer, martes 14 de noviembre, en el Palacio del Pueblo de Malabo, un encuentro entre el Vicepresidente de la República y funcionarios y representantes de los Ministerios de Educación, Seguridad, Asuntos Sociales, Justicia e Información.
Objetivo
Los principales objetivos de estas normas son garantizar la especial protección de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales; agilizar los procesos de acogimiento y adopción y mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia.
Según el Ministro de Estado de Seguridad, este instrumento legal tendría 17 artículos con sub apartados, 3 disposiciones legales y una disposición final; y facultará no solo a Seguridad, sino a todos los departamentos involucrados, a velar por la seguridad de todos los menores en el territorio ecuatoguineano.
En este sentido, se han tenido en cuenta la Orden Ministerial que regula la circulación de menores, la Orden ministerial de Asuntos Sociales e Igualdad de Género adoptando medidas para menores desatendidos, la Resolución del Ministerio de Educación por la que se dictan normas para la llegada y retirada de alumnos en los centros educativos y la Convención de los Derechos del Menor; esta última, adoptada por el país en el año 1998.
S.E. Nguema Obiang Mangue, además de felicitar el trabajo del borrador, que cubre todos los aspectos de la vida del menor -su traslado, domiciliación, y demás aspectos-, ha insistido en que debe haber medidas sancionadoras de acompañamiento del decreto que dictaminen que los padres que no cumplan con la norma sean castigados por ley.
En este sentido, ha instado a Seguridad Nacional a nombrar puntos focales para todo el territorio nacional que velen por el estricto cumplimiento del decreto, y reporten si se da algún caso de desacato a la orden.
Guinea Ecuatorial quiere adoptar estas medidas para luchar contra el traslado y retención ilícita de niños dentro del país y en el extranjero, siempre respetando los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo seguro.
